Por pedido de la fiscal Gabriela Mateos, el juez de Garantías Francisco Arturo Martínez Garmendia resolvió dictar la prisión preventiva para Ida Carolina González Albarracín, imputada por el delito de homicidio agravado por el vínculo tras el fallecimiento de su hija, Leila Carolina Carbajal Zaracho, de 8 años.
De acuerdo con la investigación judicial, la niña habría sufrido una lesión de gravedad semanas antes de su muerte y no recibió asistencia médica, situación que habría sido determinante en el desenlace fatal.
Además de la medida de encierro, el magistrado dispuso la inhibición general de bienes de la acusada, su traslado a una unidad del Servicio Penitenciario y la realización de una pericia psiquiátrica.
La resolución implica un giro significativo en la causa, ya que el juez decidió apartarse de la calificación inicial de abandono de persona seguido de muerte para encuadrar el hecho en una figura penal más gravosa, teniendo en cuenta la pena en expectativa.
En el fallo, se argumentó que para atribuir responsabilidad penal en este tipo de casos “es necesario que quien tenía el deber de cuidado haya asumido de manera inequívoca el rol de protección frente a los riesgos, y que su incumplimiento —tratándose de una menor en situación de extrema vulnerabilidad— implica un dominio del riesgo equiparable al de haberlo generado de forma activa”.
