La causa judicial que tiene como protagonista a José Antonio Cácere, efectivo de la Policía Bonaerense que prestaba servicios en la Comisaría Berisso 3ª, vuelve a estar en el centro de la escena mientras aguarda una definición clave de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Los hechos se remontan al 22 de octubre de 2011, cuando Cácere participó de un procedimiento policial en el que fue detenido Ariel Canisso. Tras la aprehensión, el detenido fue revisado por el médico policial, quien no constató golpes ni lesiones, y posteriormente alojado en la Comisaría Berisso 4ª. Desde las 13 horas, José Cácere no volvió a tener contacto alguno con Canisso.
Horas más tarde, Canisso fue hallado sin vida en su celda. La autopsia oficial, realizada por cuatro peritos de la Asesoría Pericial de La Plata, fue concluyente: la muerte se produjo por causas naturales, específicamente un edema agudo de pulmón producto de una cardiopatía preexistente, agravada por el consumo de cocaína y diazepam. El informe fue categórico al descartar golpes, traumatismos o signos de violencia.
Pese a este respaldo científico, el rumbo de la causa cambió cuando el perito de parte Omar Alejandro Ledesma presentó un informe basado únicamente en una fotografía, sin haber examinado el cuerpo, y utilizando expresiones hipotéticas como “podría tratarse de”. Aun sin sustento técnico ni rigor científico, ese informe terminó teniendo mayor peso judicial que la autopsia oficial.
El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de La Plata condenó a José Cácere a prisión perpetua por mayoría, aunque la jueza Silvia Hoerr votó en disidencia al considerar que no existían pruebas suficientes para condenarlo. Posteriormente, la Cámara de Casación absolvió a dos policías imputados en el mismo hecho, pero de manera contradictoria mantuvo la condena contra Cácere.
Actualmente, José lleva más de seis años detenido. Su defensa está a cargo del Dr. Fabián Améndola, del estudio del reconocido abogado Fernando Burlando, y sostiene que se trata de una condena sin pruebas, basada en una causa armada y en pericias carentes de validez científica.
La familia de Cácere y los organismos que acompañan el reclamo depositan ahora sus expectativas en la Corte Suprema, con la esperanza de que se revise el fallo y se reconozca lo que consideran evidente desde hace años: que José Antonio Cácere fue condenado injustamente por un hecho que no cometió.
